El arqueólogo Jesús Román Román coordina desde la semana pasada las catas arqueológicas que se están haciendo en el cementerio municipal de San Miguel, en San Roque, para buscar las fosas comunes a las que fueron arrojadas las personas fusiladas por las fuerzas franquistas a partir de 1936. Los historiadores calculan que en esta ciudad fueron ejecutadas y hechas desaparecer mediante enterramientos clandestinos más de un centenar de vecinos y vecinas. Las catas arqueológicas se están llevando a cabo en el pasillo que va en paralelo a la crujía del muro norte del cementerio, el que da a las pistas deportivas.
Las excavaciones están financiadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y cuentan con la colaboración de la Diputación Provincial de Cádiz, de acuerdo a los proyectos aprobados el año pasado y ejecutados en el actual por el servicio de memoria democrática de la citada institución, y del ayuntamiento de San Roque. Las labores de búsqueda en el subsuelo se están realizando donde el georradar de la Universidad de Cádiz señaló el año pasado alteraciones en la tierra compatibles con la existencia de fosas comunes y que coinciden con los lugares donde algunos testimonios situaban los posibles enterramientos ilegales. Jesús Román, arqueólogo con una amplia experiencia en estos trabajos, calcula que estas labores de campo en el cementerio sanroqueño van a durar unos diez días. Román explicó el pasado martes a familiares y colaboradores del foro que visitaron el cementerio que va a hacer un total de cinco sondeos de dos metros de largo y uno de ancho hasta llegar a la zona donde están señaladas las alteraciones bajo tierra. Añadió que en el caso de que sólo aparezca alguna fosa con pocos cuerpos se haría la exhumación inmediatamente. Si lo que se encuentra son fosas de mayores dimensiones, con más restos, las exhumaciones se programarían para un próximo proyecto.
Está previsto también que, posteriormente, el equipo técnico intente localizar un enterramiento clandestino en el cementerio municipal de La Estación de San Roque en el que se sabe que fueron arrojadas cuatro personas tras ser fusiladas en 1937. Eran el farmacéutico de Jimena de la Frontera Diego Pitalua Infante, sus hijos Francisco y José, e Inés Parra Rondón, empleada del hogar de esta familia.
Las investigaciones del Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar han permitido elaborar una relación con los nombres y apellidos, la edad, la profesión y la fecha de fusilamiento de noventa y cuatro personas que fueron hechas desaparecer en San Roque. Al final de esta noticia se puede consultar esa relación.
El foro hace un llamamiento a las vecinas y vecinos de esta ciudad con familiares represaliados para que se pongan en contacto con nosotros y así coordinar las futuras acciones que vayamos a realizar en caso de que los sondeos permitan el descubrimiento de las fosas. Es muy posible que familias con personas desaparecidas no vean en esta relación los nombres de sus madres, padres, o abuelas y abuelos. Esto se debe a que durante la época del terror caliente, entre julio del 36 y marzo del 37, los fusilamientos se hacían sin juicios previos y sin órdenes de matar por escrito. Estos crímenes fueron mucho más numerosos de lo que indican los documentos de archivos y registros civiles. Historiadores andaluces aseguran que para saber la cifra exacta de los asesinados hay que multiplicar por tres la conseguida por las investigaciones en los documentos.
El foro agradece a la Diputación de Cádiz y al ayuntamiento de San Roque la labor realizada durante los últimos años en pro de la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas del franquismo y espera que estos trabajos den sus frutos. Las familias lo necesitan y la sociedad también.